Hay mucha preocupación en todo el país y es lógico por la complejidad que implica poner en práctica los acuerdos en cada territorio. Esto demanda un cambio de mentalidad en toda la población, lo que significa apertura para acoger a todos y todas, actitudes de sencillez, humildad y respeto, un gran espíritu de servicio, superar los intereses personales y las actitudes de prepotencia.... la convivencia va a ser difícil entre la población nativa y la que llegue, tanto desmovilizados, como empresarios, turistas, multinacionales, entre otros. Esta nueva situación exige tener claridad política por parte de los Consejos Comunitarios, al igual que sentido de pertenencia y cierto grado de empoderamiento de los procesos organizativos, políticos y económicos en sus territorios. Todo un reto donde vamos a necesitar la fuerza y sabiduría de los ancestros indígenas y afros, así como mucha capacidad de diálogo para llegar a consensos que permitan el control y administración del territorio por parte de las autoridades nativas.
Esta situación también es ilusionante porque nos permite dar un paso grande en la historia para superar la exclusión, desigualdad, injusticia, insolidaridad y construir una sociedad que garantice una paz justa y duradera con bienestar para todos y todas.
Un abrazo.
Los Obispos de las Provincias Eclesiásticas de Medellín y Santa Fe de Antioquia, que corresponden a los Departamentos de Antioquia y Chocó, ante las graves y preocupantes situaciones que siguen apareciendo en relación con la explotación minera en los territorios de las comunidades que están bajo nuestro cuidado pastoral, manifestamos ante la opinión pública:
1. Como pastores, en repetidas ocasiones y especialmente a través de nuestra Carta Pastoral sobre la Minería, publicada el 26 de julio de 2015, hemos alzado nuestra voz y llamado la atención contra los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales, y particularmente del ejercicio irresponsable de la minería. Estas actividades han traído graves repercusiones para el medio ambiente, la dignidad humana y la convivencia social en nuestras comunidades.
2. Hemos constatado que, a pesar de nuestras denuncias, sumadas a las de muchas otras instituciones, organizaciones y medios de comunicación social, las problemáticas en torno a la explotación minera en vez de mejorar han empeorado.
3. Suscitan en nosotros particular preocupación, a raíz de recientes informes sobre el tema, dos gravísimas situaciones: el alto índice de deforestación, como consecuencia de la extracción minera a cielo abierto , y las afectaciones causadas en el ambiente y en las personas por la contaminación con mercurio .
4. Nos reafirmamos en cuanto hemos manifestado en nuestra Carta Pastoral sobre la Minería e invitamos de nuevo a los organismos del Estado colombiano, a las empresas nacionales e internacionales y a la sociedad civil, a actuar decididamente para evitar que la minería mecanizada, con sus dragas y retroexcavadoras, siga destruyendo el medio ambiente y la salud de las personas en nuestro país. Se deben implementar medidas eficaces para detener el actual desastre ambiental y social.
5. Insistimos en la necesidad de propiciar un cambio de mentalidad para que no se conciba la minería como opción privilegiada para el desarrollo económico. Exhortamos a favorecer otras actividades para la subsistencia de los pobladores de las zonas de minería, como la agricultura, la pesca, las artesanías, el turismo ecológico, todo ello desde una auténtica valoración de la biodiversidad.
6. Reiteramos que la lucha contra la minería ilegal requiere acabar con la corrupción de algunos servidores públicos, hacer realmente operativas las Instituciones del Estado y contrarrestar la acción de los grupos armados ilegales. De igual modo, en la perspectiva del post-acuerdo con las FARC, se debe garantizar que esta guerrilla renuncie definitivamente a la minería.
7. Enfatizamos que ambas, la actual minería mecanizada y la megaminería de empresas multinacionales, dañan gravemente el medio ambiente y perjudican la salud de las personas.
8. Con el Papa Francisco proclamamos que “es necesario que se escuche el grito de tantas personas, familias y comunidades que sufren directa o indirectamente por las consecuencias, a menudo demasiado negativas de la actividad minera” .
+ Ricardo Tobón Restrepo
Arzobispo de Medellín
+ Guillermo Orozco Montoya
Obispo de Girardota
+ Jorge Alberto Ossa Soto
Obispo de Santa Rosa de Osos
+ Julio Hernando García Peláez
Obispo de Istmina – Tadó
+ César A. Balbín Tamayo
Obispo de Caldas
+ Edgar Aristizábal Quintero
Obispo auxiliar de Medellín
+ Orlando Corrales García
Arzobispo de Santa Fe de Antioquia
+ Fidel León Cadavid Marín
Obispo de Sonsón – Rionegro
+ Juan Carlos Barreto Barreto
Obispo de Quibdó
+ Noel Londoño Buitrago
Obispo de Jericó
+ Hugo Alberto Torres Marín
Obispo de Apartadó
+ Elkin Fernando Álvarez Botero
Obispo auxiliar de Medellín
Bogotá, 6 de julio de 2016
Como Movimiento laical y misionero Como Movimiento laical y misionero (y heredero del Padre Claret, quien pasó la última etapa de su vida refugiado en Francia) nos sentimos especialmente vinculados a la causa de los desprotegidos, los excluídos, los vulnerables... de nuestra gran familia que es la humanidad. Nuestra fraternidad no sabe de fronteras. Por eso nos sumamos al movimiento europeo e internacional en contra del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía sobre los refugiados que están llegando a Europa víctimas de la situación de Siria y otros países. Dicho acuerdo supone una deportación masiva de los refugiados que huyen de la guerra y del terrorismo, además de que vulneran radicalmente los convenios de Ginebra, los Derechos Humanos y la legislación internacional, pudiendo pues afirmar que se trata de una decisión ilegal, inhumana e inmoral.
Hace unos días han asesinado a Berta Cáceres, una destacada dirigente indígena-campesina que, entre otras cosas, tuvo una destacada participación en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares celebrado en 2014 en Roma con el Papa Francisco.
