NOTA INFORMATIVA SOBRE EL PARO NACIONAL EN COLOMBIA
Desde Colombia, nuestra compañera Teresa Marina Ochoa, nos deja esta crónica de los acontecimientos ocurridos desde el día 15 de abril. Nos sentimos en unión con nuestros hermanos y hermanas de Colombia.
Quibdó 5 de mayo de 2021
El 15 de abril pasado, el gobierno colombiano en cabeza del Presidente Iván Duque Márquez, registró ante el Congreso de la República de Colombia un proyecto de reforma tributaria para recaudar un poco más de 23 billones de pesos, supuestamente, para suplir las necesidades que el país tiene a raíz de la pandemia por Covid-19.
Dicha propuesta indignó al pueblo porque está constituida con más impuestos para gente que hoy día está viviendo en la pobreza. Impuesto al 43% del contenido de la canasta familiar. Alimentos como el huevo, el pollo, el pescado, el queso, los embutidos, antes exentos de impuestos, ahora tendrían un sobrecosto del 19%. Impuesto a los servicios públicos, al salario de los pensionados, impuesto a la renta para personas que ganan desde dos salarios mínimos (UD$600) mensuales, entre otros, son elementos de la propuesta de reforma tributaria que rebozó la copa al pueblo colombiano, quien decidió protestar para detener dicha reforma.
Desde diferentes sectores se hicieron muchas propuestas como detener la corrupción para evitar que el erario público sea dilapidado; disminuir el número de congresistas, eliminar los lujos, costoso esquema de seguridad y excesivos salarios a miembros del alto gobierno; eliminar la exenciones que existen actualmente para el sistema financiero, empresas nacionales y multinacionales que no pagan nada, con el pretexto de que generan empleo. Ninguna propuesta fue escuchada porque los empresarios y el sistema financiero son quienes financian las campañas a cambio de beneficiarse con este tipo de reformas.
Los obreros, educadores, estudiantes y todas las expresiones organizativas se dieron cita para marchar el 28 de abril, pero ante la respuesta del gobierno, la protesta se ha extendido por 8 días en los que ha habido una serie de irregularidades relacionadas con el manejo de la protesta.
Además de marchas pacíficas, que son la mayor forma como se ha desarrollado la protesta, ha habido también vandalismo en el equipamiento de transporte público, saqueos al sector comercial e institucional, bloqueo de carreteras, incendios, asesinatos de civiles armados contra civiles desarmados, violencia física contra algunos miembros de la fuerza pública, de acuerdo con videos que circulan por las redes sociales.
La fuerza pública ha sido autorizada para disolver las protestas a sangre y fuego, por lo que han asesinado más de 30 personas, han resultado heridas más de 1.500 personas con armas de fuego, armas contundentes, gases lacrimógenos, han desaparecidos por lo menos 87 personas, entre otras formas de violación clara a los derechos humanos.
La ciudad más afectada ha sido Cali, debido a la contundencia de la protesta, pero, sobre todo, a la apuesta policial de frenar la protesta a como dé lugar.
A medida que pasan los días de la protesta, la violencia se recrudece desde todos los sectores (policía y sociedad civil). Los jóvenes hacen hogueras en las calles durante las noches, en las que permanecen de manera pacífica, pero la Policía los masacra para dispersarlos y llevar el miedo a los marchantes para que cese la protesta. A pesar de eso, los jóvenes resisten, persisten e insisten en las actividades del paro, graban y publican todo lo que sucede para llamar la atención internacional y lograr un cambio de actitud en el Presidente Duque y su equipo de gobierno.
Aunque el Ministro de Hacienda renunció, cuando el Presidente Iván Duque retira el proyecto de reforma tributaria del Congreso, el paro sigue su curso por varias razones:
- La ira y el descontento acumulado que tiene el pueblo por la respuesta violenta de las fuerzas policiales a la protesta; las altas tasas de desempleo, principalmente en los jóvenes, el manejo de la pandemia en donde el grueso de los recursos se fue para el sector financiero, las medidas de confinamiento han favorecido a los almacenes de cadena y han perjudicado a los pequeños comerciantes de barrio, el despilfarro en armamento y dotación militar, la inadecuada infraestructura de salud para la atención de la pandemia, el asesinato sistemático a las lideresas y líderes sociales y defensores de derechos humanos, el incumplimiento a los acuerdos de paz firmados con la guerrilla de las FARC_EP, entre muchos otros problemas.
- El gobierno no quiere escuchar a los jóvenes marchantes, gremios obreros ni partidos de oposición, e insiste, a través del nuevo Ministro de Hacienda, en hablar sólo con líderes de partidos políticos amigos del gobierno.
- El gobierno de Iván Duque tiene preparada una reforma laboral, otra pensional y otra a la salud, las cuales son calificadas de regresivas y muy dañinas para el pueblo. Junto con la reforma tributaria, estas reformas conducen a profundizar la pobreza y a precarizar la vida de la clase obrera y de la gente sin “clase”.
- La corrupción no se penaliza, las lideresas y líderes defensores de derechos humanos siguen siendo asesinados por grupos paramilitares. De acuerdo con Asobancaria, la corrupción en Colombia se lleva anualmente, por lo menos, el 5% del PIB, siendo el sector salud el más afectado. En el año 2020 se perdieron 50 billones de pesos, según un estudio de la Contraloría General de la Nación (más de 2 veces el monto de la reforma tributaria). La reforma intenta recoger el 2% del PIB. Si se detiene la corrupción, la reforma no fuera necesaria.
A través de un comunicado de la Diócesis de Quibdó, el Obispo Juan Carlos Barreto, nos invita a una jornada de oración por:
- La inequidad social que hace de Colombia uno de los países más desiguales del mundo.
- La corrupción pública y privada, causantes de la indignación social.
- La falta de empatía social por parte de autoridades de gobierno y legislativas, lo cual se manifiesta en propuestas que insisten en cobrar más impuesto a los pobres y la clase media, mientras defienden los intereses de poderosos grupos económicos y políticos.
- La persistente resistencia a abrir espacios de diálogo social.
- La indiferencia de muchos ciudadanos a la hora de exigir derechos sociales.
- La mentalidad extremista que justifica la violencia como camino de reivindicación de derechos.
- Los excesos en el uso de la fuerza por parte de agentes del estado.
- La práctica de grupos delincuenciales de pretender desprestigiar la protesta.
- La polarización ideológica que critica sistemáticamente ciertos tipos de violencia, al tiempo que justifica otras formas de destrucción.
La posición de las y los Seglares Claretian@s en Colombia y, muy especialmente en el Chocó, es acompañar y apoyar a nuestros hermanos desde los carismas que podemos poner a su disposición, transmitir un mensaje de paz y esperanza, apoyo irrestricto para que se dé un verdadero acuerdo, dónde se tengan en cuenta las necesidades de los más vulnerables y se opte por un modelo económico más justo e igualitario. Rechazamos desde todo punto de vista la violencia con que se viene tratando a los manifestantes y abogamos por la libertad de la protesta.
Confiamos que la construcción de un país equitativo, solidario, reconciliado y pacífico es posible, a ejemplo de las comunidades cristianas primitivas y a ejemplo de Jesús y de Claret. Debemos ser luces en medio de tanto desconcierto.
